El mayor violador de Derechos Laborales en Colombia es el Estado

En Colombia, el mayor violador de los derechos laborales no es la empresa D1, una multinacional ni una empresa del sector informal, es el propio Estado.

Mientras desde el Gobierno se pronuncian discursos grandilocuentes sobre justicia social, dignidad y derechos de los trabajadores, puertas adentro se multiplican las prácticas más precarias, ilegales y abusivas contra miles de contratistas del Estado. El presidente Gustavo Petro y su bancada del Pacto Histórico se presentan como los grandes defensores del pueblo trabajador, pero esa protección parece aplicarse solo al sector privado. En el sector público, la violación sistemática de derechos no solo es conocida, es permitida, promovida y profundizada.

Hoy se cumplen más de tres años desde que, al inicio del gobierno de Gustavo Petro, el exdirector de Función Pública, César Augusto Manrique Soacha — prófugo de la justicia, condenado por el delito de celebración indebida de contratos en la compra de motos eléctricas para la Policía en 2012, durante la Alcaldía del hoy presidente e involucrado en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo— prometiera formalizar el empleo público precarizado bajo contratos de prestación de servicios.

No obstante, esta promesa, como tantas otras, ha sido incumplida por el presidente Petro. Las razones: una clara incapacidad para aterrizar sus propuestas a la realidad, pero sobre todo el hecho de que esta modalidad de contratación directa es demasiado útil para alimentar el clientelismo estatal y hacer politiquería con recursos públicos.

Esta modalidad de contratación que profundiza la precarización laboral y la corrupción, no solo ha sido aceptada por este gobierno, sino que fue profundizada: el uso de la contratación por prestación de servicios aumentó un 40% respecto al año 2022. A esto se suma la violación de derechos políticos y de libertad de expresión de contratistas que deben ir a las marchas convocadas por el mismo Gobierno Nacional.

Así como la corrupción es completamente aceptada en nuestro país, dentro de las entidades del Estado se ha normalizado y aceptado la violación sistemática de derechos laborales: Contratistas obligados a trabajar sin contrato, asistencia presencial, trabajar más de ocho horas diarias, pagos tardíos debido a inconvenientes con el Ministerio de Hacienda, falta de desconexión laboral y el no pago de prestaciones sociales: situaciones evidentes, conocidas por el Gobierno y sufridas por miles de contratistas.

Aunque hoy la violación de derechos laborales y políticos parezca normal, llegará el día en que en que estas violaciones sean condenadas. Las demandas por contrato realidad superarán con creces los 2,9 billones estimados por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y entonces, los funcionarios victimarios deberían responder con su patrimonio, para lo cual deben existir modificaciones en la operación de las oficinas jurídicas del Estado.

Los derechos laborales no se defienden con discursos, se garantizan con hechos. Y hoy, el Estado colombiano —que debería ser ejemplo y garante— es el principal responsable de una precarización que normaliza el abuso, silencia el pensamiento que disiente del gobierno y convierte a miles de contratistas en piezas descartables de una maquinaria clientelista. A quiénes son sus cómplices se recuerda: ningún poder es eterno, y la historia no absuelve a quienes se valen del hambre para imponer lealtades. A los contratistas les digo: el miedo es comprensible, pero también lo es la dignidad. Rebelarse no es solo justo; es urgente, tal como un día lo hizo el movimiento obrero un 1 de mayo de 1886 para reclamar un horario de 8 horas.

Foto tomada del periódico "El País"